Socialistas de Vera

  • Diario Digital | miércoles, 08 de abril de 2020
  • Actualizado 11:30

CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno deroga el despido por bajas médicas justificadas

El Gobierno deroga el despido por bajas médicas justificadas

El Consejo de Ministros ha aprobado la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía a las empresas despedir a trabajadores y trabajadoras que estuviesen de baja por causas médicas justificadas.

Así lo han anunciado en rueda de prensa en Moncloa la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros, que por segunda vez en la historia se ha celebrado en Zarzuela presidido por el Jefe del Estado.

Díaz explicó que con esta medida “estamos reparando una anomalía que tenía nuestro país en relación con otros países de nuestro entorno” y servirá para “reparar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que pueden sentirse tranquilos”, porque “a partir de hoy nadie va a ser despedido teniendo causa justificada de baja por enfermedad”.

En definitiva, la ministra de Trabajo ha subrayado que esta derogación –“que también supone ir desmontando la reforma laboral del PP”-, “da seguridad a los trabajadores de nuestro país”.

Por su parte, María Jesús Montero anunció la aprobación de dos nuevos impuestos: el Impuesto sobre Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, para “avanzar hacia un sistema tributario más justo, redistributivo y que se adecúe a la nueva realidad económica”.

También se ha dado luz verde al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que sigue la propuesta de la Comisión Europea y que han aprobado ya otros países como Francia e Italia, y se basa en el principio de que “las empresas paguen impuestos en el lugar en el que generan los beneficios”

En cuanto al anteproyecto de ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, la llamada Tasa Tobin, explicó que este impuesto, de carácter indirecto, grava con un 0,2% la adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Es decir, “no afectará al campo de acción de las pymes, sino que recaerá sobre el intermediario financiero que ejecute la orden de adquisición”. Montero ha avanzado que la recaudación prevista de este impuesto asciende a 850 millones de euros anuales.

En segundo lugar, se ha aprobado también el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que sigue la propuesta de la Comisión Europea y que han aprobado ya otros países como Francia e Italia, y se basa en el principio de que “las empresas paguen impuestos en el lugar en el que generan los beneficios”.

La portavoz del Gobierno explicó que “se trata de un impuesto indirecto que grava con un 3% tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad online; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario”.

Esta figura afectará a las empresas con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y con ingresos derivados de estos servicios superiores a 3 millones de euros en España, por tanto, no afecta a las pymes. La estimación es que pueda aportar 968 millones adicionales al año al sostenimiento de las políticas públicas. Además, se aplicará con independencia de la nacionalidad de la empresa.

Montero quiso remarcar durante su intervención que “no se van a subir los impuestos a la clase media y trabajadora, ni a los autónomos ni a las pymes”.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día en Defensa de la Igualdad Retributiva y, por tanto, en contra de la brecha salarial.

En este sentido, recordó que esta brecha no afecta solo al empleo, sino que también “se traslada a las pensiones” de las mujeres, al tiempo que advirtió también de la necesidad de abrir un “debate sobre los cuidado y el uso del tiempo”.